Unicef y Oxfam denuncian el retraso en la puesta en marcha de la Agenda 2030

«El Gobierno español no ha concretado la puesta en marcha de la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030, que tiene como objetivo la lucha contra la pobreza y la desigualdad a nivel global». Es la principal conclusión del informe “Un año de Agenda 2030 en España: Mucho por hacer” publicado por UNICEF Comité Español y Oxfam Intermón.

La inacción de España contrasta con las iniciativas adoptadas por otros países, como México, Colombia, Finlandia o Francia e incluso por algunos gobiernos autonómicos y locales. “Hacer realidad la Agenda 2030 es una cuestión de compromiso político, inversión en las personas que más lo necesitan y de voluntad colectiva», asevera Javier Martos, director ejecutivo de UNICEF.

Ambas organizaciones han insistido a lo largo de 2016 en la necesidad del liderazgo político desde una Vicepresidencia de Desarrollo, Derechos Humanos y Medio Ambiente, la puesta en marcha de una estrategia nacional de desarrollo sostenible, y la creación de una Comisión de Desigualdad en el Parlamento que garantice el cumplimiento de esta agenda. Otro de los ejes fundamentales es la definición de un ambicioso marco nacional de indicadores  y más inversión social.

Un año desde la adopción de la Agenda 2030 en España

En el informe “Un año de Agenda 2030 en España: Mucho por hacer” se destaca que 365 días después de la adopción de la Agenda, se han producido escasos progresos.

La pobreza, que ha escalado a niveles alarmantes a lo largo de la crisis económica, sigue castigando de manera particular a los niños y niñas de nuestro país.  El 28,6% de los españoles vive en riesgo de pobreza o exclusión social, uno de cada tres en el caso de los niños (34,4%) y señala debilidades de nuestro sistema de protección.  El número de hijos, la situación de familia monoparental y la condición de extranjero de los padres o tutores se han convertido en los principales factores de riesgo de pobreza infantil.

La desigualdad es el verdadero talón de Aquiles de la recuperación social y económica tras la crisis. Mientras el 20% de los españoles acumula una riqueza que multiplica por 86 la del 20% más pobre, la precariedad laboral ha hecho presa a una generación de españoles. Casi la mitad de los menores de 25 años están desempleados, más del 13% de las personas con empleo están en riesgo de pobreza o exclusión social, y el salario mínimo en España está muy lejos del que disfrutan las economías más boyantes de Europa. Desde 2014 no se han registrado avances respecto a la brecha salarial y el reparto de cargas familiares entre hombres y mujeres. El dato más reciente establece en 18,8% la diferencia salarial de género, la sexta más alta del conjunto de la UE.

Según las organizaciones que han elaborado el informe es necesario que España tome medidas relevantes como la inversión en protección social, el incremento sustancial del salario mínimo y garantizar que las grandes empresas contribuyen de forma justa a la recaudación fiscal que garantice la inversión en políticas sociales. La protección de los menores debe estar garantizada a través de un Pacto de Estado por la infancia y deben promoverse políticas activas para la igualdad de género. Finalmente, España también es responsable de que los países en desarrollo cumplan con la agenda, para lo que debe incrementar su Ayuda Oficial al Desarrollo hasta 0,4% en una Legislatura. Además, debe responder a la crisis migratoria cumpliendo su compromiso de acogida y garantizando el tránsito seguro y el respeto de los derechos humanos.

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